Predictor de riesgo crediticio: el caso de Nueva Zelandia

El diputado Fuad Chahín acaba de anunciar el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca eliminar el predictor de riesgo de Dicom por "contener elementos que violan y se contraponen a garantías esenciales establecidas en la Constitución". En el Asia Pacífico también se ha intentado eliminar o regular estos sistemas predictores, y aunque en ningún país se ha conseguido su destierro, en Nueva Zelandia se ha logrado cierta regulación y transparencia en torno a su utilización.

Regulación en Nueva Zelandia

Aunque sólo en Estados Unidos el debate de eliminar el predictor de riesgo está instalado en la agenda legislativa, además del caso chileno, en Nueva Zelandia se ha logrado regular el sistema, buscando que las personas conozcan como se calcula su "puntaje", y prohibiendo que cierta información sea publicada, pues podría utilizarse para discriminar a la hora, por ejemplo, de buscar empleo.

Si la normativa neozelandesa se replicara en Chile, es probable que casos como el de Leonardo Espinoza no existirían, ya que la normativa exige que las agencias de crédito, en un plazo de cinco días, corrijan cualquier información errónea publicada en las base de datos, previo reclamo del afectado. Además, la información "negativa" no puede ser reinsertada en la ficha personal a menos que la agencia de crédito verifique la fuente de la información y certifique que es completa y exacta. Además, deben proporcionar en cada informe número de teléfono gratuito para presentar reclamos e incluir una "declaración de conflicto", una especie de "fe de erratas".

Los informes de crédito contienen en Nueva Zelandia el número de seguro social, fecha de nacimiento, direcciones actuales y anteriores, número de teléfono, estado de pago de créditos, y el empleo de cada cliente ciudadano. Y así como se entrega vasta información, hay datos que se ha prohibido publicar, buscando evitar actos discriminatorios.

Lo que no se puede publicar en predictores

• Información médica (a menos que el individuo dé su consentimiento).

• Avisos de quiebra que tienen más de 10 años de antigüedad.

• Deudas de hace más de 7 años de edad.

• Edad, estado civil, o raza (si la solicitud es de un empleador actual o futuro).

Y así como hay información no publicable, también hay otras prácticamente imprescriptibles (son publicadas hasta que transcurran 10 años), como solicitudes de créditos o seguros de vida por más de US$150.000 y empleos pasados con sueldo mensual que supere los US$ 75.000.

Derechos del ciudadano

La Credit Reporting Act (FCRA) y diversas leyes estatales señalan explícitamente quiénes tienen acceso a información de crédito "sensible". Estas leyes también establecen las normas para el funcionamiento de las agencias de informes de crédito, llamadas también "agencias de calificación crediticia" o "agencias de crédito."

• Entregar a cada ciudadano una copia gratuita de su informe al año (previa solicitud).

• Informarle sobre quién ha recibido copias de su informe.

• Corregir inexactitudes en la información.

Transparentando la información

Hasta hace pocos meses los ciudadanos no tenían acceso a conocer su "puntaje" de crédito. Actualmente, la ley estipula los derechos a conocer los puntajes y ser informados sobre los factores que determinaron el resultado. Además, hace dos años las tres agencias nacionales de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) anunciaron un modelo común de puntuación llamado VantageScore, que establece un rango de puntuación transparente.

Además, en siete estados las leyes dan a los residentes la posibilidad de obtener informes de crédito de forma gratuita más allá del límite de uno por año estipulado a través de la Ley FACT. Estos estados son: Colorado, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Vermont.

La publicación de datos erróneos no queda impune

Conscientes de lo relevante que puede ser el puntaje de un ciudadano en la obtención de un crédito, o incluso de un empleo, la ley neozelandesa estipula que los ciudadanos pueden demandar a una empresa que proporcione datos erróneos, en la corte federal o estatal. Si el demandante gana, tiene derecho a recuperar una cantidad de dinero solicitada por "daños y perjuicios" que se han incurrido por un máximo de US$ 1.000, pudiendo además recuperar los costos judiciales y los honorarios de su (o sus) abogados.