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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

La polémica tras el Acuerdo Transpacífico (TPP): los derechos de autor y las patentes industriales

08 marzo 2012

El Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) se ha ubicado al centro de la polémica nacional. Una propuesta norteamericana referente a la defensa de derechos de autor e industriales que se filtró en septiembre de 2011, puso en alerta a distintos sectores de la población chilena. Conozcamos los argumentos que encienden la discordia en torno a este acuerdo internacional del Asia Pacífico.

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El Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) se ha ubicado al centro de la polémica nacional. Una propuesta norteamericana referente a la defensa de derechos de autor e industriales que se filtró en septiembre del 2011, puso en alerta a distintos sectores de la población chilena. Conozcamos los argumentos que encienden la discordia en torno a este acuerdo internacional del Asia Pacífico.

El TPP es un tratado en plena negociación entre los países del P-4 (Brunei, Nueva Zelandia, Singapur y Chile) más Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia, Canadá, Japón y México. Se trata de la instancia más cercana a la unificación comercial del Asia Pacífico, una quimera propuesta originalmente por Chile frente a la APEC. En este contexto, existe una inclinación natural de nuestro país a trabajar a favor del TPP. Sin embargo, los detractores de esta asociación, argumentan que nuestro país ya tiene tratados independientes con cada uno de los países involucrados, y que entregar nuevas regalías sería innecesario y hasta perjudicial.

Tradicionalmente, el carácter secreto de estas negociaciones pone a resguardo la discusión e intereses expresados por las partes involucradas en los acuerdos internacionales. Estos son elaborados en numerosas reuniones por representantes de los gobiernos que participan a puertas cerradas y negocian las condiciones que aceptan y rechazan en nombre de sus países. Sin embargo, los documentos filtrados en septiembre del 2011 a la ONG KEI (Knowledge Ecology International) dejaron en evidencia la posición norteamericana frente a la defensa de derechos de autor e industriales. Los datos hechos públicos generaron una polémica de magnitud a nivel internacional, en lo que se ha denominado como la internacionalización de la censura de Estados Unidos al Internet.

 

Desde esa fecha, la propuesta norteamericana, “podría haber cambiado”, aclara Daniel Álvarez, abogado de la ONG Derechos Digitales y profesor del Centro de Estudios Informáticos de la Universidad de Chile, y uno de los principales detractores de la firma del TPP. Aún así, Álvarez sostiene que la posibilidad de que los cambios o aceptación de la propuesta norteamericana sigan siendo contrarios a los intereses chilenos, hacen necesaria la discusión amplia de la firma o no de este tratado. Promotor activo de la campaña contra el TPP, el abogado afirma que ya se han reunido “más de 6 mil 500 firmas y acabamos de ingresar una petición a la presidencia para que haga pública la discusión que se lleva a cabo para el TPP”.

En el parlamento, el Senador Ricardo Lagos Weber ha hecho pública la necesidad de formar una comisión parlamentaria que tenga acceso, confidencial si es necesario, a las negociaciones secretas que dan vida a la firma de estos acuerdos.

¿En qué consiste y cómo afecta la propuesta norteamericana para el TPP según los documentos filtrados?

Censura en internet


Específicamente lo que se conoce hasta el momento es la postura original norteamericana respecto de la protección de los derechos de autor e industriales. Álvarez señala que “el intento de Estados Unidos en estas negociaciones es elevar al máximo posible los estándares de protección de la propiedad intelectual”. La lógica detrás de este esfuerzo es coherente, si se entiende que Estados Unidos “tiene una de las mayores industrias protegidas de propiedad intelectual en el mundo. En la vía de derechos de autor, sus principales industrias están en el área del entretenimiento, como Hollywood y la industria de la música, y también en la industria del software. En la de patentes sería la industria farmacéutica”. En esencia, los derechos de autor buscan dar amparo a los autores intelectuales, sin embargo, aclara Álvarez, “el problema de esta ley está en los excesos y en lo que realmente pasa con países consumidores, como es el caso de Chile. Hay que tomar en cuenta la mirada única que Estados Unidos imprime en esta defensa de derechos de autor. No le preocupan realmente los autores ni los inventores, sino los intermediarios, los estudios de Hollywood, los laboratorios farmacéuticos y los intereses corporativos”.

La polémica para Álvarez, es que si Chile acepta la normativa norteamericana para proteger los derechos que las corporaciones poseen sobre los derechos intelectuales, quienes realmente saldrán dañados serán los usuarios. En el caso de Internet, aclara, “nos encontramos con una normativa que pretende defender a los grandes medios. Desaparecería la Internet que hoy conocemos”. De ser aceptada la propuesta de Estados Unidos, la responsabilidad de la censura en Internet caerá en manos de las empresas dadoras de servicios. “El TLC de Chile y Estados Unidos del 2004 ya estableció un mecanismo para la censura de contenidos de Internet. En la actualidad son los tribunales lo que determinan si es que existe un contenido infractor antes de retirarlo. A Estados Unidos nunca le gustó este sistema y siempre prefirieron que fuera de carácter administrativo, privado y muy expedito. Chile en su momento contrapuso que como hay derechos involucrados y garantías constitucionales como el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a las comunicaciones y otras garantías más, sólo un juez podía determinar qué contenido era ilegal, removido o bloqueado. Ese es el estándar actual en Chile”. Los cambios propuestos por Estados Unidos al acuerdo del TPP, “sacan a los tribunales y le dice a los prestadores de servicios de internet que si ve algún contenido ilegal lo saque inmediatamente en una toma de medidas automática”.

Las patentes farmacéuticas


En el caso de las patentes industriales quien ha levantado la voz ha sido la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA). María Angélica Sánchez, vicepresidenta de esta organización, sitúa la polémica en el abuso que se hace del sistema de patentes. La propuesta norteamericana propone que la preexistencia de una patente o solicitud de patente sobre un invento o innovación, restrinja automáticamente la generación de un registro de patente. En el caso de los productos farmacéuticos en Chile esto implicaría hasta un 40 por ciento del alza de costo de los medicamentos, afectando directamente a la salud pública.

Aunque parece un tema poco digerible para el ciudadano común, Sánchez explica que en la actualidad, según quedó establecido en “el TLC Chile- Estados Unidos, en Chile se acepta la vigencia de las patentes industriales por 20 años, que aseguran con creces la recuperación los costos de inversión e investigación, más cinco años adicionales en que se protege la divulgación de datos del producto”.

En la propuesta norteamericana frente al TPP, que fue divulgada en septiembre del 2011, se intenta “subir la cantidad de años de retención de datos a 15”. Según Sánchez, esto implicaría que pasados los 20 años de exclusividad de la patente, tiempo en que el producto ya ha quedado al servicio de la humanidad, nadie podría usar o copiar los datos utilizados en el producto en cuestión por otros 15 años, otorgándole un monopolio más extendido al laboratorio dueño de la patente original, lo que mantendría el valor de esta medicina a un alto precio.


Otro punto importante es el del llamado linkage, en que Estados Unidos propone que al haber una solicitud de patente sobre un producto, el mismo Instituto de Salud Pública (ISP), en el caso de Chile, se vea obligado a rechazar el registro de un medicamento genérico. La práctica de laboratorios privados que tratan de extender la exclusividad de sus productos y sus marcas “solicitando patentes sobre cualquier innovación del medicamento, tal como la alteración del sistema de dosificación de la medicina o la forma de presentación", haría más difícil inscribir un medicamento genérico de menor precio. Sánchez aclara que en la actualidad esas solicitudes de patente, que no tienen relación con una investigación y el desarrollo de una medicina, son rechazadas a la larga en el sistema actual y no constituyen una traba para registrar medicamentos genéricos, pero si constituirían un precedente bajo el modelo propuesto por Estados Unidos frente al TPP. 


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