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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Pena de muerte en China

17 julio 2007

Las últimas sentencias a muerte dictadas por los tribunales de China parecen una clara señal al mundo de que no se tolerara ni la corrupción ni nada que empañe su imagen de país moderno y pujante.

Las últimas sentencias a muerte dictadas por los tribunales de China parecen una clara señal al mundo de que no se tolerara ni la corrupción ni nada que empañe su imagen de país moderno y pujante.

Un total de 89 países en el mundo han abolido la pena de muerte, incluyendo Chile, y otros 10 la mantienen sólo para delitos graves, en tanto que 30 son abolicionistas de hecho, puesto que la mantienen en su legislación pero llevan años sin aplicarla.

Pero China mantiene la pena capital. En el último tiempo se han visto varios casos, primero, la ejecución de Zheng Xiaoyu, ex responsable de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de China, quien fue encontrado culpable por corrupción al aceptar dinero de empresas farmacéuticas para que aprobara sus remedios, los cuales terminaron por causar la muerte de varias personas.

Luego, se condenó a muerte a los primeros implicados en el caso de los obreros esclavos de las fábricas de ladrillos de la provincia de Shanxi. También se dieron a conocer la pena máxima a la que fueron sometidos 14 miembros de una banda mafiosa en la provincia de Hebei, o el de tres traficantes ejecutados en la provincia de Fujian.

De acuerdo a Amnistía Internacional, en China se llevan a cabo más ejecuciones que en cualquier otra parte del mundo, con cifras que sobrepasan los mil condenados al año.

Denuncian la imposibilidad de los afectados de recibir un juicio justo, al negárseles a recibir asistencia judicial antes de ser interrogados, incluso el acceso a los profesionales del derecho está severamente restringido en la práctica.

La organización de derechos humanos también indica que es frecuente el uso de la tortura para obtener confesiones y que la injerencia del Partido Comunista hace imposible la independencia del Poder Judicial.

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