Chile se suma al debate de Australia en torno a las donaciones electorales

En Australia, al igual que en Chile y en la mayoría de las democracias del mundo, los partidos políticos obtienen gran parte de sus recursos de campaña electoral a partir de donaciones, razón por la cual la nación oceánica se encuentra debatiendo respecto a una serie de medidas pro transparencia. Comenta el senador Manuel José Ossandón.

Modificaciones e intentos infructuosos

Hasta el año 2006, en Australia solo era obligatorio declarar donaciones que superaran los U$10.900 al año, monto que finalmente era muy mayor ya que un donante podría proporcionar 103.500 dólares al año y permanecer en el anonimato con el solo ejercicio de dividir donaciones entre sedes de cada partido (debido a que los estados y territorios federales de los partidos se tratan como entidades separadas al recibir dinero). Esta normativa es, hasta el momento, la única derogada en pos de una mayor transparencia en el tema.

Los intentos por mejorar la norma fueron múltiples. Después de la elección federal de 2010, la primer ministra Julia Gillard llegó a un acuerdo con el Parlamento para adoptar un conjunto de reformas al financiamiento electoral, que incluyeron la reducción del umbral de divulgación -montos que no se informan- a U$1.000, impedir la división de donación por estados y acelerar la divulgación de las mismas.

El resultado fue la publicación de la Commonwealth Electoral Amendment (Political Donations and Other Measures) Bill 2010, aprobada por la Cámara Baja en el primer semestre de 2011 y presentada al Senado en noviembre de 2011. La Cámara Alta efectuó recomendaciones al proyecto, que fue devuelvo al Gobierno y recién redactado nuevamente el 2013. Sin embargo, el nuevo texto incluía varias de las recomendaciones del Senado, como un nuevo umbral de divulgación de U$5.000 y un mecanismo de aumento del financiamiento, lo que fue criticado públicamente. Lo anterior llevó a que el Ejecutivo retirara el proyecto de ley antes de reintroducirlo al Parlamento.

Hoy, el límite para realizar aportes no declarados no ha variado, los aportes extranjeros son permitidos y la ciudadanía es informada de las donaciones a los partidos políticos recién 18 meses tras de la elección.

El statu quo en este punto -bastante similar a lo que ocurre en Chile- se sumó a la reciente ola de debates en torno al tema. La prensa y al sociedad civil ha puesto en la agenda la irregular situación que genera que los candidatos cuenten con una cantidad de fondos muy dispar y la posibilidad de que los donantes estén en verdad "comprando" influencia sobre los tomadores de decisiones.

"En Australia la última modificación al sistema de financiamiento a las campañas se hizo el 2006 y en Chile el 2003. Estamos en paradas similares y no es casualidad, ya que cada vez la ciudadanía de ambos países está más informada y exige mayor información. Tenemos que ponernos a tono, abrir el debate y perfeccionar el sistema. Espero que la discusión en Chile sea tan comprometida como la que hoy se vive allá", sostuvo el senador Ossandón.

En efecto, actualmente en Australia se discute intensamente el tema y se ha puesto en el foco la adopción de medidas "canadienses". Dicho país prohibió las donaciones de las empresas nacionales y extranjeras, adoptó un gasto electoral límite y solo permite que ciudadanos y residentes permanentes puedan hacer donaciones políticas por un máximo de 1.200 dólares canadienses, a los candidatos o partidos políticos, una vez al año.

Además, está en la palestra el tema de la "notificación rápida". En caso de que no se apruebe una prohibición de donaciones privadas, sino solo una regulación de los montos, se estudia modificar el plazo actual para informar de los aportes -que es de 10 meses luego de las elecciones- mediante una publicación en línea que se actualice semanalmente.

La idea en este ítem es replicar lo que Nueva York exige en periodo de elecciones: la publicación de montos y donantes en un sitio web que se actualiza automáticamente, luego del ingreso de información, por medio de un software que se les entrega a los candidatos.

El debate que viene en Chile

En nuestro país, tras conocerse un posible desvío irregular de fondos para campañas electorales, el Ejecutivo y el Legislativo coincidieron en la necesidad de agilizar la modernización de la actual legislación sobre el financiamiento de la política. En este sentido, el Gobierno junto a un grupo de diputados de distintos sectores suscribió un protocolo de acuerdo que busca normar el financiamiento público de los partidos y las campañas, junto con el gasto electoral.