Conozca la estricta regulación a la tenencia y porte de armas de Australia

El 28 de abril de 1996, en el estado australiano de Tasmania, Martin Bryant mató a 35 personas e hirió a otras 18 solo premunido de dos rifles semiautomáticos de uso militar legalmente inscritos. El hecho, denominado "La Masacre de Port Arthur", desencadenó serias modificaciones a la legislación australiana de control de armas, obligando a la población a la entrega de más de un millón de estas. Comenta la medida el diputado Fernando Meza, quien presentó el 2011 un proyecto de ley que regula la tenencia y el porte de armamento.

Medidas severas

La "Masacre de Port Arthur" no solo llenó noticieros y portadas de periódicos australianos durante meses, sino que además influyó directamente para que en junio de ese mismo año se promulgara la Firearms Act, mediante la cual se hizo obligatoria la entrega de las armas de fuego a la autoridad estatal, a cambio de una indemnización que fue financiada con un aumento mínimo en la previsión social. En suma, se indemnizó a los propietarios de 643.726 armas, mientras otros 700 mil artefactos armados fueron entregados de forma voluntaria a las autoridades.

"El caso australiano es muy interesante, ya que sentó un precedente en torno a la entrega obligatoria de armas de fuego, que solo se había visto en Argentina con la creación del programa nacional de entrega voluntaria de armas, a cambio de un incentivo. Australia con esta Firearms Act se ubica en una posición diametralmente opuesta al sistema de libre acceso de países como Estados Unidos e Inglaterra y se aleja también de los sistemas semirestringidos, como el nuestro, que autorizan el uso e inscripción bajo ciertos requisitos. Creo que buscar que la población entregue sus armas para empezar desde cero con un registro ordenado y fuertes exigencias para quienes deseen tener una, son medidas ejemplares por parte de Australia y que bien pueden aplicarse en Chile", destacó el diputado Fernando Meza.

En efecto, según la nueva normativa australiana la policía debe nombrar a una persona que ejerza la superintendencia del registro de armamentos del país, entregando todo tipo de información y reportes cotidianos a las autoridades ministeriales que correspondan  y, a la vez, que manteniendo actualizado un registro de armas que esté accesible para otros estados o países. Además la persona adulta que posee una licencia internacional de porte de armas debe postular a un permiso de carácter transitorio que tendrá validez en territorio australiano.

En cuanto al régimen de sanciones, la ley castiga la posesión o uso de diez o más armas prohibidas, así como la tenencia de un arma por parte de un menor de edad. En este contexto, también se considera como delito el tráfico de armas de fuego, cuya pena máxima puede ascender a veinte años de prisión.

"La idea central de nuestra propuesta es evitar que la población esté armada y de esta forma prevenir perjuicios o atentados potenciales como el de "Port Arthur", ya que entendemos que la seguridad pública debe ser garantizada por los organismos profesionales que por mandato constitucional efectúan tal labor. Creo que lo ideal sería establecer un régimen restringido como el Australiano en relación a la posibilidad de inscribir armas, solamente limitada a prácticas deportivas profesionales y en general a las fuerzas de orden y seguridad como garantes del orden público, de tal suerte de castigar el uso y porte de armas de fuego como regla general", complementó el parlamentario.

En lo específico, la normativa australiana cuenta con otras características destacables:

• La sustitución de la noción de ‘derecho’ a tener un arma, por la de ‘privilegio’ a portar un arma. De hecho, la tenencia de armamentos quedó supeditada al criterio de las autoridades policiales, que sopesan la conveniencia de entregarlas, según distintas circunstancias. En tal sentido, la norma prohíbe las inscripciones de armas, incluso si el argumento para tenerlas es la autodefensa;

• La proscripción a la tenencia y porte de armas automáticas y semiautomáticas por parte de civiles, a excepción de cazadores y tiradores deportivos;

• La prohibición de que personas con antecedentes de violencia intrafamiliar, adquieran armamentos en un plazo de a lo menos cinco años posteriores a las agresiones;

• El deber de guardar las armas sin carga y en un depósito diferente al de las municiones; y

• La transferencia de armas solo a través de comercios autorizados por la policía.

Finalmente, se debe consignar que el año 2003 Australia aprobó una enmienda a la ley, según la cual se endurecieron los requisitos para el empleo de armas de mano tanto para clubes de tiro como para coleccionistas.