Chile replica modelo neozelandés para regular instalación de antenas celulares

Tras una serie de polémicas ciudadanas, el Gobierno de Chile acaba de poner suma urgencia al proyecto de ley que desde 2007 pretende regular la instalación de antenas celulares en espacios urbanos y que contempla medidas muy similares a las adoptadas con éxito en Nueva Zelandia desde hace más de 5 años.

El aumento explosivo de los equipos de telefonía móvil en el mundo ha generado una proliferación de antenas en las urbes, y a pesar de que los efectos de la llamada "contaminación electromagnética" aún no han sido totalmente comprobados, la instalación de estos aparatos siempre genera una fuerte controversia entre la población.

Diversos informes científicos sugieren que la exposición a los campos electromagnéticos emitidos por estos aparatos podría tener efectos perjudiciales para la salud, tales como cáncer, reducción de la fecundidad, pérdida de memoria y cambios negativos en el comportamiento y el desarrollo de los niños, debido a que la radiación electromagnética comprende una variedad muy amplia de emisiones naturales que interactúan diariamente con el cuerpo humano.

Ante este riesgo potencial la Cámara de Diputados ha presentado una serie de proyectos para regular la instalación de antenas, y aunque en un principio las propuestas legislativas sólo abordaron el problema por medio de la regulación de emisiones de radiación electromagnética, considerando niveles máximos y distancias entre antenas, posteriormente se añadieron puntos existentes en la ley neozelandesa y que han sido replicados en varios países, como la prohibición de instalar antenas cerca de colegios y la regulación de la instalación indiscriminada previa consulta ciudadana.

En Nueva Zelandia es común ver referéndums cada vez que una empresa pretende instalar una antena en un espacio urbano, aunque esa práctica ya está en retirada debido a nuevas regulaciones que obligan a las compañias a montar estos artefactos en carreteras, cada vez más lejos de los grandes centros.

Mientras en Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones no puede decidir donde se instalará la respectiva antena, ya que sólo ve lo relativo al proyecto técnico y le basta contar con los certificados de la Dirección de obras de la Municipalidad correspondiente, con la Declaración de Instalación Eléctrica Interior exigida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el certificado de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) para autorizar la instalación. Además, en lo relativo a la ubicación de la antena no existe normativa, no hay tampoco regulación sobre los requisitos que deben exigir las municipalidades a las empresas para otorgar los permisos respectivos.

En suma, el proyecto de ley que ahora tiene el carácter de urgente contempla tres medidas principales, ya adoptadas en Nueva Zelandia:

Las medidas pretenden cortar de raíz el malestar y la preocupación ciudadana por la instalación de estas antenas, regulando de paso una práctica tan extendida como poco regulada por parte de las empresas de telecomunicaciones.

Actualmente la instalación de antenas de celulares en Nueva Zelandia está estrictamente normada, y las empresas de telecomunicaciones no pueden instalar en cualquier lugar antenas, gabinetes o mástiles. De hecho, los distritos tienen ya demarcados lugares donde pueden ubicarse estas instalaciones. También existe un número máximo de antenas a instalar (deben ubicarse preferentemente en carreteras) y está prohibida su levantamiento cerca de colegios. Por otra parte, cada empresa que desee instalar un nuevo equipo debe solicitar autorización a la autoridad local y a la entidad encargada del control de la carretera en cuestión.

Para el diputado Ernesto Silva esta nueva ley busca acercarse "a la efectiva normativa neozelandesa, que también faculta a los municipios a establecer en qué lugares se pueden instalar o no las antenas y, lo que es incluso más importante, obliga a que los vecinos sean consultados antes de que comiencen los trabajos, lo que viene no solo a solucionar una serie de grandes problemas que se crean cada vez que una empresa instala de forma indiscriminada antenas, sino también a hacer una relación más justa y respetuosa de las empresas con la ciudadanía, lo que modifica radicalmente el actual escenario en torno al tema", concluyó.